Documento de trabajo. Estudio de impacto económico del anteproyecto de Reforma del Sistema Público de Pensiones

Documento de trabajo 

Secretaría de Economía y Trabajo de IU Federal

Nos limitamos en este trabajo a reflejar el impacto económico del anteproyecto de Reforma del Sistema Público de Pensiones, tal como se refleja en el texto aprobado por el Gobierno y que puede ser modificado en el proceso de consulta al Consejo Económico y Social, en su formulación como Proyecto de Ley y en el trámite parlamentario correspondiente.

La argumentación política ya ha sido dada por los órganos de dirección de IU federal.
No obstante, como en los argumentos ofrecidos por el Gobierno, y por los voceros académicos y mediáticos de que dispone, se están utilizando datos demográficos, económicos, sociales y del sistema público de pensiones con una interpretación, en nuestra opinión poco sería, situamos estos datos en un contexto con un mayor rigor y seriedad.

Madrid, marzo de 2011.

RESUMEN EJECUTIVO

1.- Se ha estudiado el anteproyecto de Ley desde un doble punto de vista: el recorte del gasto en pensiones sobre el PIB que representa la reforma (aspecto macroeconómico) y la disminución media de cada pensión, utilizando varios modelos que puedan recoger diversas situaciones.

2.- Desde el punto de vista macroeconómico, el aumento de la edad legal de jubilación representará en 2045 unos 2,4 puntos del PIB (17,7% del 14% del PIB estimado por el Gobierno como gasto en pensiones sin la reforma, es decir 2,47 puntos de PIB) (El Gobierno ha estimado este concepto en 2 puntos de PIB en el documento citado en la introducción. Esta cifra puede aceptarse porque un porcentaje de trabajadores, si llegan a los 38,5 años de cotización, podrá seguir jubilándose a los 65 años. Este porcentaje es difícil de calcular puesto que depende significativamente de la evolución del mercado de trabajo. Puede aceptarse que se sitúe en torno al 20%).

3.-  El incremento de 15 a 25 años para el cálculo de la base reguladora representa, de acuerdo con el Gobierno, 0,2 puntos de PIB por año. En total, 2 puntos cando esté en plena aplicación.

4.- El aumento de la edad necesaria para cobrar el 100% de la base reguladora implica otro recorte que se puede estimar en 0,8 puntos de PIB.

5.- En total, el recorte del gasto que desde el punto de vista macroeconómico representa la reforma equivale a 4,8 puntos de PIB. En 2045 este porcentaje puede representar unos 100.000 millones de euros.

6.- Como carácter general todos los pensionistas, excepto los que puedan acogerse a la jubilación anticipada, perderán la percepción de la pensión durante dos años de su vida. Esto representa una pérdida del 17,7% del total de las cantidades a percibir como pensión, una vez jubilados. Esta pérdida será progresiva, a partir del 0,7% para quienes se jubilen en 2013.

7.- Por el contrario, al aumentar en una media de 2 años el perío
do de cotizaciones, se producirá una mayor contribución por cotizaciones, del orden del 5,7% del total de las cotizaciones pagadas a lo largo de la vida laboral de un trabajador. Desde 2013, cuando habrá que cotizar tres meses más, se producirá un aumento progresivo que, inicialmente representa un 0,15% de cotización total.

8.- La OCDE ha publicado en marzo de 2011 un estudio sobre el impacto de la reforma en el sistema de pensiones con una metodología diferente, considerando la disminución de la tasa de reemplazo del importe de la pensión con relación al último salario cobrado con una doble hipótesis: a) trabajadores sin lagunas de cotización cuya tasa de reemplazo disminuiría en un 9% y b) trabajadores con una laguna de cotización de 10 años, cuya tasa descendería en 13,2%. El estudio de la OCDE no tiene en cuenta los dos años menos de percepción de la pensión.
Documento de trabajo 
Secretaría de Economía y Trabajo de IU Federal
Nos limitamos en este trabajo a reflejar el impacto económico del anteproyecto de Reforma del Sistema Público de Pensiones, tal como se refleja en el texto aprobado por el Gobierno y que puede ser modificado en el proceso de consulta al Consejo Económico y Social, en su formulación como Proyecto de Ley y en el trámite parlamentario correspondiente.
La argumentación política ya ha sido dada por los órganos de dirección de IU federal.
No obstante, como en los argumentos ofrecidos por el Gobierno, y por los voceros académicos y mediáticos de que dispone, se están utilizando datos demográficos, económicos, sociales y del sistema público de pensiones con una interpretación, en nuestra opinión poco sería, situamos estos datos en un contexto con un mayor rigor y seriedad.
Madrid, marzo de 2011.
RESUMEN EJECUTIVO
1.- Se ha estudiado el anteproyecto de Ley desde un doble punto de vista: el recorte del gasto en pensiones sobre el PIB que representa la reforma (aspecto macroeconómico) y la disminución media de cada pensión, utilizando varios modelos que puedan recoger diversas situaciones.
2.- Desde el punto de vista macroeconómico, el aumento de la edad legal de jubilación representará en 2045 unos 2,4 puntos del PIB (17,7% del 14% del PIB estimado por el Gobierno como gasto en pensiones sin la reforma, es decir 2,47 puntos de PIB) (El Gobierno ha estimado este concepto en 2 puntos de PIB en el documento citado en la introducción. Esta cifra puede aceptarse porque un porcentaje de trabajadores, si llegan a los 38,5 años de cotización, podrá seguir jubilándose a los 65 años. Este porcentaje es difícil de calcular puesto que depende significativamente de la evolución del mercado de trabajo. Puede aceptarse que se sitúe en torno al 20%).
3.-  El incremento de 15 a 25 años para el cálculo de la base reguladora representa, de acuerdo con el Gobierno, 0,2 puntos de PIB por año. En total, 2 puntos cando esté en plena aplicación.
4.- El aumento de la edad necesaria para cobrar el 100% de la base reguladora implica otro recorte que se puede estimar en 0,8 puntos de PIB.
5.- En total, el recorte del gasto que desde el punto de vista macroeconómico representa la reforma equivale a 4,8 puntos de PIB. En 2045 este porcentaje puede representar unos 100.000 millones de euros.
6.- Como carácter general todos los pensionistas, excepto los que puedan acogerse a la jubilación anticipada, perderán la percepción de la pensión durante dos años de su vida. Esto representa una pérdida del 17,7% del total de las cantidades a percibir como pensión, una vez jubilados. Esta pérdida será progresiva, a partir del 0,7% para quienes se jubilen en 2013.
7.- Por el contrario, al aumentar en una media de 2 años el período de cotizaciones, se producirá una mayor contribución por cotizaciones, del orden del 5,7% del total de las cotizaciones pagadas a lo largo de la vida laboral de un trabajador. Desde 2013, cuando habrá que cotizar tres meses más, se producirá un aumento progresivo que, inicialmente representa un 0,15% de cotización total.
8.- La OCDE ha publicado en marzo de 2011 un estudio sobre el impacto de la reforma en el sistema de pensiones con una metodología diferente, considerando la disminución de la tasa de reemplazo del importe de la pensión con relación al último salario cobrado con una doble hipótesis: a) trabajadores sin lagunas de cotización cuya tasa de reemplazo disminuiría en un 9% y b) trabajadores con una laguna de cotización de 10 años, cuya tasa descendería en 13,2%. El estudio de la OCDE no tiene en cuenta los dos años menos de percepción de la pensión.http://www.facebook.com/album.php?id=100002068790510&aid=15563#!/photo.php?fbid=106931589385800&set=a.106921129386846.15563.100002068790510&theater

La reforma de las pensiones premia los salarios altos y las carreras largas

IU cuantifica en un estudio el impacto económico del nuevo modelo a través de nueve simulaciones // Quiere demostrar que el cambio es injusto e innecesario

JUANMA ROMERO Madrid 01/04/2011

Desde el principio, Izquierda Unida rechazó la reforma de las pensiones suscrita entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos el pasado 2 de febrero en el palacio de la Moncloa. La juzgó injusta, la tachó de pensionazo, la asimiló a la doctrina expresada por el ya expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán: “Trabajar más y cobrar menos”. Pero no había dado cifras concretas de por qué el nuevo modelo –aún en tramitación parlamentaria e implantado por completo en 2027– perjudicaba a los trabajadores.

Ahora las tiene. Y dos son sus conclusiones claves. Una, que se verán claramente beneficiados los que cuenten con cotizaciones altas, carreras laborales largas (por encima de 37 años) y que se hayan quedado en paro en los últimos cinco años de su trayectoria profesional. Y dos, que el recorte medio de la pensión será del 10%, un punto más que la merma que calculaba la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe del pasado 17 de marzo.

El estudio de IU, obra de su secretario de Economía, José Antonio García Rubio, y al que ha tenido acceso Público, plasma en sus 30 páginas el impacto de la reforma una vez que esté “prácticamente universalizada”, en 2045. Proyecta cuánto gana o pierde el trabajador en función de nueve modelos de vida laboral, que combinan distintos parámetros: cotización estable o variable, cuantía de la misma, con o sin situación de desempleo en los cinco años últimos antes de la jubilación...

IU emplea una metodología distinta a la de la OCDE. Y única, porque ni el Ejecutivo ni los agentes sociales han cuantificado hasta ahora la incidencia de la reforma, que sube de 15 a 25 años el periodo de cómputo y permite cobrar el 100% de la pensión con 65 años y 38,5 cotizados o bien con 67 años y 37 de contribución a la Seguridad Social.

Casuística infinita

Así, en la simulación más simple, con una carrera estable –sin grandes subidas o bajadas de salario–, y sin que se hayan producido situaciones de paro o lagunas de cotización, la pensión podría disminuir, respecto al sistema actual, hasta un 7,2%. En otro modelo, con una cotización variable, correspondiente a un salario medio-bajo y cinco años de paro al final, el mordisco oscila entre un 0,3% y un 5,5%. Para trayectorias por encima de 37 años, el trabajador percibirá un 0,6% más si se compara con la ley vigente.

En otros dos paradigmas, los que dispongan de una cotización estable o variable, hayan disfrutado de un sueldo alto (tres veces o más el salario mínimo) y se queden sin trabajo al final de su larga vida laboral, la prestación podría aumentar más de un 14%.

A estas cifras hay que añadir el perjuicio que supone que, con carácter general, los españoles deban trabajar dos años más, lo que implica, según IU, “una pérdida del 17,7% del total” de la cantidad percibida. Es así porque la edad media de los pensionistas es de 75 años, “diez menos que la esperanza de vida de la población”.

Para el Estado, la reforma supondrá un ahorro del gasto en pensiones del 4,8% del PIB (la OCDE estimaba un recorte del 3,5%). Es decir, un tajo de 100.000 millones de euros en 2045. Hoy, España consume en pensiones un 9% de su renta.

“Debíamos dar consistencia numérica a los argumentos políticos –relata García Rubio–, demostrar que la reforma no era necesaria y que perjudica a los que tengan sueldos medios-bajos [entre 1,5 y 2,5 veces el salario mínimo] y coticen menos años”. El dirigente de IU subraya la “dificultad” de diseñar simulaciones, porque la casuística es infinita. “Cada carrera laboral es un mundo. Pero al menos la gente podrá hacerse una idea de cómo le afecta la reforma”.

LA DEMOGRAFÍA QUE NO COMPARTE IU 

Los pensionistas no son todos los mayores de 65 años

Además de las simulaciones, IU intenta desmontar uno de los argumentos más utilizados por el Gobierno: la necesidad de abordar la reforma de las pensiones por el envejecimiento de la población. La formación de Cayo Lara, en la primera parte de su documento, expone que de los 7.931.164 habitantes con 65 años o más, sólo 4.821.542 cobran prestaciones contributivas. De forma que los pensionistas mayores de 65 años son, "a lo sumo", el 60,8% de la población mayor de 65 años. IU también dice que no es "correcto" identificar la esperanza de vida de la población (en torno a 85 años) con la vida media de los pensionistas (75 años).

La federación se basa en las estadísticas de la Seguridad Social.

Si se acepta que cada diez años aumenta 12 meses la esperanza de vida a los 65 años, IU deduce que en 2030, los pensionistas vivirán unos 77 años. "Es decir, la duración media de la pensión seguirá siendo de 11 años y pocos meses, con lo que el aumento de la esperanza de vida será amortizado a costa de los pensionistas", afirma el texto.

Penalización menor si hay paro 

¿Por qué IU ha incluido en sus modelos la eventualidad de que una persona se quede en paro en los últimos cinco años de su vida laboral? Reconoce, como los sindicatos, que efectivamente en ese periodo hay más riesgo de quedarse sin trabajo. Por eso se centra en esos casos. Y también porque Gobierno y centrales insistieron en que ahora la penalización para esos colectivos sería menor que con el sistema vigente. IU admite que se han mejorado las cosas, aunque no lo suficiente.

¿Por qué la ventaja? La reforma permite sustituir dos años de laguna de cotización por dos años de cotizaciones reales. Como explica García Rubio, hoy día esos vacíos se cuentan como la cotización mínima para mayores de 18 años. A partir de ahora, como se podrá elegir el canje con dos años en los que la cotización sea mayor, la pensión sufre un empujón. 

 

MANIFIESTO /RESOLUCION

MANIFIESTO /RESOLUCION

NO, A la REFORMA SISTEMA PÚBLICO de PENSIONES. Referéndum. ¡YA!

FIRMADO el pacto social Gobierno, sindicatos, patronal y partido políticos 1 febrero 2011. Se plantea APROBAR temas diversos acordados o abrir mesas diversas : Reglamento de la decretada reforma laboral, mercado de trabajo, políticas activas de empleo, negociación colectiva, cambio de estructura productiva que sustituya al sector inmobiliario como eje del crecimiento del P. I .B), políticas energética e industrial, I+D+i. Parece sensato intentarlo. Lo que preocupa es que intente vender el “consenso” con argumentos variopintos: el falaz de “calmar a los mercados”, lo “extremo” de la situación, o lo “inevitable” de las necesarias reformas.

1.- Los mercados no se calman, no se sacian nunca (…y, a las pruebas, hay que remitirse). Se decrete lo que decrete, se rebaje lo que se rebaje (en derechos y prestaciones sociales) la deuda pública española sigue con tensiones y un diferencial cercano a los 300 puntos básicos con respecto a la deuda alemana. Por otra parte, la principal deuda que tiene España es la deuda privada (se cifra la burbuja inmobiliaria patria en 40.000 millones de €); y los inversores – sencillamente- no se la creen. La consideran mayor.

ADEMÁS el gobierno considera –por otra parte- necesario y urgente legislar el pacto social, para -evitar su debacle electoral- y consideró esta negociación “indispensable” (¿?) con el señuelo de “negociar” (¿?) la Reforma del sistema público de pensiones; reforma que suscriben todos los partidos políticos del arco parlamentario (excepto IU-, ERC y BNG). Esta reforma se apoya en el dictamen aprobado en la comisión no permanente del pacto de Toledo; que salvo, constatar el “no acuerdo”, para retrasar la edad de jubilación – de forma forzosa a los 67 años- da carta blanca a futuras propuestas que pueda hacer el gobierno para recortar las prestaciones del sistema público de pensiones. Es decir, se reforma el sistema – sin ninguna alusión al problema de los ingreso del sistema; solo se articula la SOLUCIÓN como una mera rebaja del coste de las prestaciones del sistema; contribuyendo a disminuir la deuda pública española por mandato de la UE y calmar – como no – a los mercados. Este ahorro, se suma a los ya obtenidos con los recortes salariales a funcionarios y congelación de las pensiones en su desviación del I. P. C. para 2011.

2.- Hay voces en sindicatos, partidos políticos, analistas y – a sociedad en general- , que sin rechazar - a priori - la negociación vieron un peligro en su planteamiento. Una negociación desequilibrada por el Gobierno con un constaste chantaje que pretendió presionar con llevar los desacuerdos al parlamento. Hacer notar que el acuerdo ha sido global y (ver 1er párrafo ilustra a la cantidad de cuestiones que había que defender desde la conocida posición de los sindicatos de clase.

Efectivamente, “levantarse de la mesa” rechazando el acuerdo, podía suponer un escenario de lucha difícil para el movimiento sindical; una legislación laboral sin casi cobertura judicial, una acción sindical limitada y poco efectiva si se concretaba la derogación de la ultra-actividad de los convenios colectivos. Esta realidad – en todo caso – un argumento para continuar movilizándose para superarla. El error consiste: en aceptar como contrapartida la reforma de las pensiones. Además todos los análisis coinciden: No es el momento de reformar en plena crisis económica, no sirve para mejorar la contribución, ni la equidad del sistema público de pensiones.- Ver--> Informes ATTAC, estudios catedráticos Economía aplicada (J. Torres, V. Navarro), informe Fundación 1º Mayo (CCOO), etc.).”

3.- Así la consecuencia política para la izquierda y el conjunto de los trabajadores es la frustración. Los trabajadores (y sus organizaciones, plataformas, etc.) estuvieron convocados y se movilizaron ( el 29 S) en defensa de sus derechos junto a los sindicatos; pero con una perspectiva no coincidente. Los sindicatos optaron por no quebrar el instrumento sindical (legislación, n. º delegados, servicios, asesoría laboral, acción sindical etc) mientras que los trabajadores no han percibido la utilidad del esfuerzo.

4.- La aceptación de una solución negociada desequilibrada no debe contribuir a una nueva derrota para el conjunto de los trabajadores y derivar la desmovilización contra la izquierda política, facilitando su desarme ideológico o dificultando que plantee una política - alternativa y anticíclica- orientada al aumento de la inversión pública, aumento de la presión fiscal, lucha contra el fraude, evasión de impuestos, aflorar economía sumergida o, impedir plantear el necesario gobierno de los “mercados” financieros obligándoles a reglamentarse, y destinar la banca sus recursos a tareas propias: facilitar el crédito a particulares y empresas.

5.- Los sindicatos están legitimados para acordar; y sus. Comisiones ejecutivas y Consejos los que por mayoría valoran y deciden los avances (o no) de sus convenios /acuerdo con gobiernos, etc. Cierto, pero el problema deriva que no contempla el Acuerdo de Reforma de Pensiones el derecho subjetivo de los afiliados y no afiliados, contemplado en el articulo 50 de la Constitución de 1978. la expectativa a que: <”… Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.>

6.- Es este el caso: ES DERECHO de la ciudadanía RECLAMAR PARA SER CONSULTADO – ; constitucionalmente la única forma democrática al efecto es la de REFERÉNDUM. Este derecho subjetivo es indeclinable en sindicato, partido político u otra organización de derecho privado; personalmente somos mediante el voto, los legitimados para velar por nuestra expectativa a recibir una pensión digna y suficiente. La solución política y democrática ante el conflicto es RECLAMAR DE GOBIERNO Y NUESTRO PARLAMENTO LA CONVOCATORIA DE UN REFERENDUM para que, con su voto:…la ciudadanos CONVALIDEN (o no) EL ACUERDO – que reforma de SUS pensiones. Así pues:

NO, A la REFORMA SISTEMA PÚBLICO de PENSIONES. Referéndum. ¡YA! Madrid, febrero 2011

Manifiesto de la PLATAFORMA No Reforma SPP Referéndum ¡YA!