IU cuantifica en un estudio el impacto económico del nuevo modelo a través de nueve simulaciones // Quiere demostrar que el cambio es injusto e innecesario
JUANMA ROMERO Madrid 01/04/2011
Desde el principio, Izquierda Unida rechazó la reforma de las pensiones suscrita entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos el pasado 2 de febrero en el palacio de la Moncloa. La juzgó injusta, la tachó de pensionazo, la asimiló a la doctrina expresada por el ya expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán: “Trabajar más y cobrar menos”. Pero no había dado cifras concretas de por qué el nuevo modelo –aún en tramitación parlamentaria e implantado por completo en 2027– perjudicaba a los trabajadores.
Ahora las tiene. Y dos son sus conclusiones claves. Una, que se verán claramente beneficiados los que cuenten con cotizaciones altas, carreras laborales largas (por encima de 37 años) y que se hayan quedado en paro en los últimos cinco años de su trayectoria profesional. Y dos, que el recorte medio de la pensión será del 10%, un punto más que la merma que calculaba la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe del pasado 17 de marzo.
El estudio de IU, obra de su secretario de Economía, José Antonio García Rubio, y al que ha tenido acceso Público, plasma en sus 30 páginas el impacto de la reforma una vez que esté “prácticamente universalizada”, en 2045. Proyecta cuánto gana o pierde el trabajador en función de nueve modelos de vida laboral, que combinan distintos parámetros: cotización estable o variable, cuantía de la misma, con o sin situación de desempleo en los cinco años últimos antes de la jubilación...
IU emplea una metodología distinta a la de la OCDE. Y única, porque ni el Ejecutivo ni los agentes sociales han cuantificado hasta ahora la incidencia de la reforma, que sube de 15 a 25 años el periodo de cómputo y permite cobrar el 100% de la pensión con 65 años y 38,5 cotizados o bien con 67 años y 37 de contribución a la Seguridad Social.
Casuística infinita
Así, en la simulación más simple, con una carrera estable –sin grandes subidas o bajadas de salario–, y sin que se hayan producido situaciones de paro o lagunas de cotización, la pensión podría disminuir, respecto al sistema actual, hasta un 7,2%. En otro modelo, con una cotización variable, correspondiente a un salario medio-bajo y cinco años de paro al final, el mordisco oscila entre un 0,3% y un 5,5%. Para trayectorias por encima de 37 años, el trabajador percibirá un 0,6% más si se compara con la ley vigente.
En otros dos paradigmas, los que dispongan de una cotización estable o variable, hayan disfrutado de un sueldo alto (tres veces o más el salario mínimo) y se queden sin trabajo al final de su larga vida laboral, la prestación podría aumentar más de un 14%.
A estas cifras hay que añadir el perjuicio que supone que, con carácter general, los españoles deban trabajar dos años más, lo que implica, según IU, “una pérdida del 17,7% del total” de la cantidad percibida. Es así porque la edad media de los pensionistas es de 75 años, “diez menos que la esperanza de vida de la población”.
Para el Estado, la reforma supondrá un ahorro del gasto en pensiones del 4,8% del PIB (la OCDE estimaba un recorte del 3,5%). Es decir, un tajo de 100.000 millones de euros en 2045. Hoy, España consume en pensiones un 9% de su renta.
“Debíamos dar consistencia numérica a los argumentos políticos –relata García Rubio–, demostrar que la reforma no era necesaria y que perjudica a los que tengan sueldos medios-bajos [entre 1,5 y 2,5 veces el salario mínimo] y coticen menos años”. El dirigente de IU subraya la “dificultad” de diseñar simulaciones, porque la casuística es infinita. “Cada carrera laboral es un mundo. Pero al menos la gente podrá hacerse una idea de cómo le afecta la reforma”.
LA DEMOGRAFÍA QUE NO COMPARTE IU
Los pensionistas no son todos los mayores de 65 años
Además de las simulaciones, IU intenta desmontar uno de los argumentos más utilizados por el Gobierno: la necesidad de abordar la reforma de las pensiones por el envejecimiento de la población. La formación de Cayo Lara, en la primera parte de su documento, expone que de los 7.931.164 habitantes con 65 años o más, sólo 4.821.542 cobran prestaciones contributivas. De forma que los pensionistas mayores de 65 años son, "a lo sumo", el 60,8% de la población mayor de 65 años. IU también dice que no es "correcto" identificar la esperanza de vida de la población (en torno a 85 años) con la vida media de los pensionistas (75 años).
La federación se basa en las estadísticas de la Seguridad Social.
Si se acepta que cada diez años aumenta 12 meses la esperanza de vida a los 65 años, IU deduce que en 2030, los pensionistas vivirán unos 77 años. "Es decir, la duración media de la pensión seguirá siendo de 11 años y pocos meses, con lo que el aumento de la esperanza de vida será amortizado a costa de los pensionistas", afirma el texto.
Penalización menor si hay paro
¿Por qué IU ha incluido en sus modelos la eventualidad de que una persona se quede en paro en los últimos cinco años de su vida laboral? Reconoce, como los sindicatos, que efectivamente en ese periodo hay más riesgo de quedarse sin trabajo. Por eso se centra en esos casos. Y también porque Gobierno y centrales insistieron en que ahora la penalización para esos colectivos sería menor que con el sistema vigente. IU admite que se han mejorado las cosas, aunque no lo suficiente.
¿Por qué la ventaja? La reforma permite sustituir dos años de laguna de cotización por dos años de cotizaciones reales. Como explica García Rubio, hoy día esos vacíos se cuentan como la cotización mínima para mayores de 18 años. A partir de ahora, como se podrá elegir el canje con dos años en los que la cotización sea mayor, la pensión sufre un empujón.
